$ 2.247.344,20. Esa es la dieta que percibió un concejal de Tolhuin durante los primeros días de 2024. Se trata de la mensualidad que 4 de los 5 concejales de la actual conformación del cuerpo, se fijaron para sí mismos en la última sesión del período anterior, allá por el mes de diciembre.

Marcelo Muñoz -con 5 mandatos sobre sus espaldas-, Jeannette Alderete, que lleva 3 períodos consecutivos al igual que Matías Rodríguez Ojeda y Rosana Taberna, que va por su segunda etapa, votaron el incremento sabiendo que la medida los beneficiaba directamente porque todos ellos iban a continuar ocupando una banca.

A ninguno de los '4 Fantásticos' se les ocurrió pensar que Florencia Auat, los iba a exponer de la forma en que lo hizo. Fue simple: Auat, que asumió la banca por primera vez, cobró su salario, observó que el monto de la dieta era mayor al que esperaba percibir y realizó algunas consultas.

Le confirmaron que había aumento, que se había votado en sesión y que le correspondía percibirlo. Auat vio la oportunidad perfecta para cobrarse revancha, porque la relación con sus pares no arrancó de la mejor forma. A la concejal de FORJA la dejaron afuera de casi todas las decisiones importantes que tomó el cuerpo, por dos razones: no responde políticamente a Walter Vuoto y se mostró dialoguista con Daniel Harrington, el intendente de la ciudad, que durante mucho tiempo le reclamó precisamente a esos mismos concejales que se pusieran la camiseta de la Tolhuin y dejaran de pergeñar operaciones y jugadas desleales -muchas veces alimentadas a varios kilómetros de distancia- en pos de limar su poder de decisión en la ciudad.

Auat le lanzó al bloque vuotista un misil directo a la línea de flotación. Les pegó donde más duele, en un momento en donde la pobreza y el desempleo duelen como nunca. En una ciudad que sufre los embates de la inflación y que busca abrirse camino hacia el desarrollo, que un concejal perciba en un mes lo que 6 o 7 trabajadores en el mismo período es, casi, pornográfico.

No hay excusa que valga. Y una vez más se pone en tela de juicio la moralidad de los actos de aquellos que ostentan cargos públicos, que se perpetúan en los mismos y que creen poseer derechos superiores al resto de la sociedad.

» La misma historia

Lo que pasó en Tolhuin no es nuevo. No es la primera vez y no será, sin dudas, la última que un grupo de representantes de la ciudadanía abusa de sus prerrogativas y se arrogua privilegios sin dar explicaciones que avalen su conducta.

Y tampoco sería razonable señalar que esto solo ocurre en Tolhuin. A saber: en Río Grande, unas semanas antes, los concejales decidieron duplicar el valor de los contratos de asesorías externas, reservadas a profesionales -en el mejor de los casos- que no cumplen horarios ni tienen deber de asistir a sus puestos de trabajo.

En Ushuaia, por caso, el crecimiento de la planta política municipal ha sido exponencial. Solamente en las últimas semanas, la gestión de Vuoto creó al menos media docena de nuevos cargos, reservados para amigos y colaboradores de la gestión, entre ellos el exconcejal Juan Manuel Romano.

A nivel provincial, el aquelarre político es bastante parecido. Mientras Gustavo Melella pregona austeridad, su nuevo gabinete contempla la conformación de estructuras reservadas, por ejemplo, para quienes hasta hace poco eran legisladores provinciales por el oficialismo.

Para que se entienda: lo que sucedió en Tolhuin no es una excepción. No es un hecho aislado y, desde hace años, parece ser el pulso rítmico de una dirigencia política que, salvo honrosas excepciones, permanentemente está pensando en sus necesidades.

» Responsabilidad política

Vendrá el tiempo de las excusas. Será, muy probablemente, la época de explicar lo inexplicable, de justificar lo injustificable. Apelarán al paso del tiempo, que, en un país y una provincia convulsionados, suele aligerar prontamente las responsabilidades por el apuro de la propia agenda ciudadana y sus desavenencias. Y posiblemente, quienes hayan tomado una decisión semejante -en el mejor de los casos- revisarán su posición -no sin recelo-, pedirán disculpas y harán de cuenta que nada ha sucedido. Como tantas otras veces.

Pero este caso particular en Tolhuin debería servir para recordarnos que cuando un funcionario -ya sea electo o designado- se aferra como criterio de legitimidad al hecho de que sus acciones no conllevan espíritu delictivo o que, peor aún, jamás ha tenido que dar explicaciones ante los tribunales, significa que no ha entendido nada de lo que es la responsabilidad política.

Para todo cargo público, la responsabilidad política exige ejercicio continuo del deber de transparencia y de la disponibilidad de rendir cuentas a los ciudadanos, que son sus jefes. No es un don adquirido para siempre. Día a día. Y si no se cumple, no basta con pedir perdón y seguir como si nada. ¿Tan difícil es entenderlo?

De nada vale intentar lavar los pecados, por ejemplo, mediante la confesión y el propósito de enmienda, que permite volver a obrar deshonrosamente cuantas veces sea el caso. Asumir la responsabilidad política significa dar un paso al costado cuando uno no ha estado a la altura de la alta función encomendada. Sin necesidad de parapetarse tras el muro de interminables procesos y el derecho de presunción de inocencia. Porque ese derecho protege otra cosa y no la responsabilidad política. No mezclemos las cosas.

Por eso puede decirse que la responsabilidad política se ejerce cuando se observa la transparencia, la toma de decisiones pensando en el bien común, la delimitación republicana entre lo público y lo privado, el escrupuloso respeto a la ley y, principalmente, la igualdad ante la ley.

Así, es incompatible con el bochornoso espectáculo de la corrupción o de los privilegios -desigualdades, impunidades- aparentemente inevitables de los poderosos. Ante tales argumentos, no podemos aceptar que ni los concejales o funcionarios electos de mayor rango actúen como lo hicieron tan impúdicamente los ediles de Tolhuin, porque de esa forma no hay igualdad de condiciones con los demás y suman así un enorme privilegio añadido a las prerrogativas que ya les hemos otorgado por propio peso específico de sus cargos.