La Ley 844 o Ley de Abastecimiento Contra el Agio y la Especulación fue impulsada por la comisión directiva de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) con su secretario general de aquel entonces, Gerónimo Ruiz, a la cabeza.

Durante varios meses, Ruiz y la comisión directiva de la ASOEM trabajaron el proyecto que defendieron en varias reuniones de comisión de la Legislatura provincial hasta que lograron la aprobación de la iniciativa, el 28 de abril de 2011.

La Ley 844 proponía la creación de la Comisión de Control y Fiscalización de la Ley 20.680, cuyo objetivo era instar al abastecimiento contra el agio y la especulación. Dicha Comisión de Control y Fiscalización debía estar presidida por la autoridad que designe el ministro de Economía de Tierra del Fuego, a través del área que corresponda y sería integrada por los siguientes miembros: 3 representantes por cada una de las organizaciones sindicales de tercer grado en la provincia y un representante por las cámaras comerciales, de la AFIP, de los transportistas de productos varios con actividad, de los centros de almaceneros, de las asociaciones de defensa del consumidor y de las asociaciones de inquilinos.

Entre sus atribuciones se contaba acceder a la información necesaria a fin de impulsar y verificar el grado de cumplimiento de la ley por parte de la autoridad de aplicación y solicitar la información y documentación relativa a los temas de su competencia.

También debía elaborar informes periódicos que detallen las acciones llevadas a cabo y resultados de las mismas, difundir el texto, darlo a conocimiento de la comunidad y de la Comisión de Asesoramiento Legislativo de Economía, Presupuesto y Hacienda y, por último, atender las solicitudes de información que realicen terceros.

Dicha norma fue promulgada el 20 de mayo de 2011 y publicada en Boletín Oficial el 2 de junio de ese año. Desde aquel momento a la fecha pasaron por la gobernación Fabiana Ríos -que transcurría su segundo mandato-, Rosana Bertone y Gustavo Melella, con su primer período. Ninguno de ellos puso en vigencia la norma y, mucho menos, dispuso la creación de la comisión de seguimiento.