El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo punta al decidir no adherir al régimen de blanqueo fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, generando un fuerte debate en el escenario político argentino.

Kicillof, junto a otros gobernadores, como Jorge Macri (CABA), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), ha mostrado su desacuerdo con la medida, que permite a los contribuyentes regularizar activos no declarados a cambio de un pago único. Este rechazo se suma a las posturas adoptadas por al menos ocho provincias que también cuestionan la iniciativa.

A lo largo de las últimas semanas, el rechazo al blanqueo fiscal ha ganado terreno en varias provincias. Los mandatarios de La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero han confirmado que no adherirán al régimen nacional.

En algunos casos, como en Mendoza, se ha optado por no establecer tributos adicionales sobre los montos regularizados, mientras que en provincias como Santa Fe se ha decidido cobrar una tasa del 2% sobre las cifras superiores a los 100 mil dólares. Neuquén y Salta, por su parte, han diseñado esquemas impositivos progresivos.

El blanqueo fiscal, que en su primera etapa ingresó más de 23.000 millones de dólares a las arcas del Estado, ha sido crucial para sostener la estabilidad financiera en un contexto de elevada incertidumbre económica, a partir del descalabro financiero heredado por la anterior gestión nacional.

El creciente rechazo de las provincias al blanqueo fiscal pone en evidencia un conflicto central en la relación entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales: la autonomía fiscal. Mientras que desde la Casa Rosada se insiste en la necesidad de un blanqueo nacional para asegurar la estabilidad macroeconómica, los gobernadores defienden el derecho de sus distritos a decidir cómo gestionar sus propios recursos fiscales. Este tira y afloje podría tener repercusiones no solo en la política económica, sino también en la dinámica de poder entre el gobierno central y las provincias.