La presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, determinó otorgar un fuerte incremento salarial para el personal del Parlamento local, en especial para los trabajadores que revisten como 'planta política' de los bloques.

La medida se hizo efectiva a través del Decreto 53/2024 que lleva su firma y que establece, con retroactividad al 1 de marzo, la unificación del suplemento Función Legislativa establecido por el Decreto 3/1994 para todo el personal de planta permanente contratada, personal de despacho y personal del bloque del Concejo Deliberante de Río Grande, equivalente al 22 % móvil de la sumatoria de asignación de categoría y zona de la categoría 106 que ejerce el secretario legislativo.

Asimismo, Zamora determinó que el adicional de cargo para el secretario del bloque se incremente en una cifra equivalente al 15 % móvil de la sumatoria de asignación de categoría y zona de la categoría 106.

Ambos incrementos significan una fuerte suba salarial para un selecto grupo de trabajadores de la casa legislativa local. En el primero de los casos, el adicional representaría un monto cercano a los $ 400 mil mientras que la mejora en el ítem para el secretario de bloque le permitiría añadir a sus salarios unos $ 560 mil.

» Mal momento

La decisión de la titular del cuerpo deliberativo de autorizar los fuertes incrementos salariales para el personal del Concejo Deliberante pone en evidencia, una vez más, la desconexión que existe entre ciertos sectores de la dirigencia política y los reales problemas ciudadanos.

Es que mientras un porcentaje muy grande la sociedad sufre los efectos de la recesión, la falta de oportunidades laborales y la fuerte suba de tarifas de servicios esenciales, el Concejo Deliberante parece no estar dispuesto a brindar señales de austeridad y comprensión de la angustia de los riograndenses.

Pero tal desatino no es un hecho aislado: Durante los primeros días del año, el Concejo Deliberante de Río Grande determinó incrementar fuertemente los montos que los ediles abonan a los profesionales por servicios de asesoría temporaria.

Hasta esa fecha, los asesores externos cobraban un máximo de $ 220 mil por mes por sus servicios. A partir de la vigencia del decreto rubricado por la vicepresidente primera a cargo del Parlamento local, los asesores comenzaron a percibir hasta $ 450 mil por mes por sus funciones, que no incluyen ninguna limitación relativa al cumplimiento de la jornada laboral.

A ello hay que sumarle el escándalo en el que se vieron envueltos los concejales que convocaron a sesión extraordinaria a fines de enero para votar una reducción de recursos del Ejecutivo, disfrazada de mejora para el bolsillo de los riograndenses, al tiempo que decidieron achicar la nómina de trabajadores municipales, pero, en contrapartida, ampliar un 10 % la planta de personal en el Concejo.