El día después de la postergación, con discusiones incluidas y en principio para el próximo martes, de la sesión prevista en la Cámara de Diputados para el tratamiento de la Ley Ómnibus, el gobierno de Javier Milei decidió tensar aún más el vínculo con los gobernadores, renuentes a apoyar la suba de retenciones a la soja y sus derivados, y a la vez vitales para que el proyecto pueda ser aprobado y girado al Senado.

'Tienen que entender que la cosa va en serio. Si no votan las retenciones, se van a socializar los costos del ajuste', explicaron cerca del presidente tras una extensa reunión de gabinete en la Casa Rosada.

Sin maquillar su molestia, Milei definió la creación, a través de un pedido del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al procurador Eduardo Casal, de una fiscalía especial para investigar 'la corrupción de los funcionarios públicos' pasados y actuales, según explicitó el portavoz Manuel Adorni en conferencia de prensa.

Incluso, en un momento de la charla con sus ministros, el presidente habría amenazado con 'no dar un solo peso' a los gobernadores provinciales, según confirmaron fuentes con acceso a lo conversado puertas adentro de la reunión.