En su última sesión ordinaria, realizada el pasado 27 de junio, el Concejo Deliberante de Tolhuin aprobó una ordenanza que establece un Régimen Especial y Transitorio de Regularización de Deudas Municipales. La medida, presentada bajo el argumento de 'brindar alivio a los contribuyentes en el contexto de crisis económica', habilita amplias quitas de intereses y multas en tasas como el Impuesto Inmobiliario, Automotor, Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, entre otras.

Detrás del aparente gesto solidario, emergen cuestionamientos sobre el verdadero impacto de esta decisión, porque la ordenanza podría provocar una fuerte caída en la recaudación, afectando de manera directa la capacidad del Municipio para sostener servicios esenciales como el mantenimiento urbano y asistencia social.

Hay quienes creen ver detrás de la decisión del Parlamento local, otra maniobra para obstaculizar la gestión de Daniel Harrington, a estas alturas de relación irreconciliable con los ediles que en su mayoría responden al ex intendente Claudio Queno y al presidente del Partido Justicialista (PJ) fueguino, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

Incluso, los más osados aseguran que la moratoria se presentó en forma de proyecto, se votó y se aprobó con inocultable urgencia por expreso pedido de Queno, quien a su vez habría recibido el reclamo de empresarios amigos.

Uno de los puntos más cuestionados del proyecto convertido en ordenanza es la falta de criterios diferenciados a la hora de otorgar los beneficios. La moratoria establece escalas de reducción de intereses de manera generalizada, sin contemplar la capacidad contributiva de los beneficiarios. La ausencia de segmentación podría favorecer, incluso, a quienes poseen amplios terrenos sin desarrollar y adeudan montos millonarios. Y la pregunta surge sola: ¿Vale lo mismo un empresario con hectáreas inhabitadas y deudas millonarias, que un vecino que lucha por completar su canon de uso para acceder al título de propiedad?

» Sin análisis

Otro punto sensible de la polémica norma es la falta de informes técnicos o financieros que sustenten la viabilidad de la ordenanza. Los ediles no presentaron en la documentación respaldatoria ningún informe que amerita la decisión tomada.

Hasta el momento, no se ha presentado ningún estudio que proyecte el impacto fiscal de una adhesión masiva a los planes de regularización, ni que evalúe las consecuencias en el presupuesto local por condonaciones que, en algunos casos, alcanzan el 100 % de intereses.

El contexto se agrava si se tiene en cuenta que hay políticos locales y de otras ciudades que mantienen deudas por terrenos municipales. La decisión del Concejo Deliberante, a todas luces, parece votada más para favorecer a los 'amigos del poder' que a quienes estén atravesando un momento complejo producto de la realidad económica y financiera de la provincia.

» Excesivo y animoso

Mientras se avanza en proyectos costosos -como la construcción de escaleras sin consulta ni planificación participativa-, llegan al Municipio de Tolhuin reclamos vecinales por el acceso a la tierra que siguen demorados por reformas recientes al sistema de adjudicación, también impulsadas desde el Concejo Deliberante.

En paralelo, vecinos y vecinas con intenciones reales de cumplir con sus obligaciones enfrentan trabas burocráticas para pagar, regularizar y habitar de manera digna sus lotes, dado que, por ordenanza vigente, todo trámite vinculado a la vivienda debe ser evaluado indefectiblemente por los concejales, en una atribución que -como mínimo- parece desmedida.

Desde el Municipio de Tolhuin no tienen dudas: el camino elegido por el Concejo podría estar desfinanciando deliberadamente al Estado local, con consecuencias directas en la generación de empleo, la inversión pública y la capacidad de respuesta ante las necesidades de la comunidad.